Algunas reflexiones sobre el complejo camino de la competitividad turística en Colombia

Jenny Bedoya Lima

Los costos sociales de la Segunda Guerra Mundial abrieron la puerta a un nuevo accionar de los Estados impulsándolos a un cambio de condición de Estado “no interventor” a una de responsabilidad

en desarrollar una política económica favorable y adecuada para el crecimiento y el empleo, sustentada en los principios de solidaridad y justicia en el reparto de esfuerzos y el logro de resultados. Es así como el Estado Social abrió el camino al Estado de Bienestar y con esto los Estados encauzaron sus esfuerzos para lograr el equilibrio económico general mediante el compromiso de los diferentes actores del proceso de desarrollo económico. Por tanto, la prestación de servicios públicos de interés social, un sistema de seguridad social con cobertura total de la población, la redistribución de la riqueza, la búsqueda del pleno empleo y las garantías de un nivel de vida mínimo para los trabajadores cesantes, distinguen una época de las naciones industrializadas en la cual el tamaño del Estado, mayor empleador, se desbordó y agenció la crisis fiscal de mediados de la década de los años setenta (s. XX).

Así, el imperativo ético de crear condiciones de justicia social quedó a medio camino y el Estado hubo de dedicarse a proveer las condiciones institucionales para sobrellevar las consecuencias de los procesos de ajuste estructural de las economías, mientras el final de la Guerra Fría marcó un hito en la transformación de las relaciones mundiales y modificó el comportamiento del Estado en tanto aparecieron en el escenario nuevos actores que le quitaron protagonismo, lo relevaron en algunas de sus funciones e incluso lo llevaron a asumir el papel de gestor, junto a otras organizaciones sociales, en la búsqueda de mecanismos para soportar amplios sectores de su población inmersos en condiciones de vulnerabilidad.

Sin que hubiesen sido condiciones iguales, América Latina también debió incorporarse en estas dinámicas por lo que Colombia, en particular, se encontró en la década de los años noventa del siglo XX frente a grandes cambios estructurales (el inicio de la descentralización, la liberalización de los mercados financieros y reformas de tipo laboral, tributario y de seguridad social, son solo algunos ejemplos) que hicieron evidentes circunstancias sociales cuya superación aún se encuentra a medio camino pues debe llegar a ser sostenible y sustentable para asumir las demandas de la competitividad ya que la inmersión en los procesos de globalización impone, día a día, nuevos desafíos a países que como el nuestro presentan diferenciadas regiones con dinámicas discontinuas caracterizadas por olas de coyuntura económica e inequidad social. Circunstancias que no pueden dejarse de lado cuando al parecer la apuesta por lo social (en la Constitución de 1991) se soportó en la esperanza del desarrollo económico a través del fortalecimiento financiero a las regiones respecto del gobierno central (junto con otros elementos inherentes a esos espacios hoy reconocidos como territorio local).

Sin embargo, debieron afrontarse realidades como el atraso institucional, la carencia de gestión y la corrupción (que promovía el contrabando). Razones suficientes para robustecer prácticas económicas sustentadas en la gestión de actores como las cámaras de comercio que cobraron papel preponderante y que ejercieron la presión necesaria para conjurar algunas de aquellas. No obstante y a pesar de las políticas macroeconómicas que mantuvieron a Colombia medianamente al margen de las crisis del continente entre 1998 y 1999, se causaron excesos de gasto público y privado por lo que se retrajo la posibilidad de invertir y aumentar la productividad.

Es así como, con la llegada del siglo XXI, llegaron también programas encaminados a conjurar la situación y los ejes centrales de estos eran: la renovación de la administración pública, la seguridad democrática, la protección social y la reactivación económica y la generación de empleo, tema último que reposó su interés en el requerimiento de identificación y potencialización de las fortalezas regionales, en correspondencia con las miradas macroeconómica 1 y microeconómica2 propuestas por el Departamento Nacional de Planeación, a través de la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad. Aquí, se cifraron las esperanzas en el Sistema Nacional de Competitividad que pretendía la creación y consolidación de fuentes de riqueza para esas regiones a través de la articulación público-privada, sobre la base del emprendimiento, lo cual concitaba planes a largo plazo con la definición clara de responsabilidades y el compromiso de las partes, que hoy en día se reúnen en las denominadas Comisiones Regionales de Competitividad (CRC), de las cuales participan gobernador, alcaldes, diputados y representantes, gremios de la producción, la academia, ONG, empresas representativas de la región y Cámara de Comercio (desarrollando la secretaría).

De esta manera, para el segundo periodo gubernamental del doctor Uribe Vélez, todas las CRC encontraron en la agenda interna dos tareas a cumplirse en el 2007. La primera, tener un plan a futuro y un sistema de seguimiento a la competitividad regional y previendo que el componente privado de este acuerdo cumpla con:

• Conocer el marco de políticas, para mejorar sus decisiones.

• Analizar críticamente los insumos.

• Evaluar el conjunto de oportunidades sectoriales.

• Participar del diálogo sobre las alternativas para generar desarrollo regional. En tanto, las CRC asumirían las

siguientes labores:

1. Liderar el desarrollo económico de la región.

2. Incorporar los nuevos aportes (caso de la transformación productiva).

3. Enfatizar en los factores claves de competitividad (innovación y capital humano).

En la idea de facilitar la sostenibilidad del proceso todo estaba dispuesto y era inevitable el ingreso de Colombia en el mundo competitivo. ¿Qué tanto se consiguió?

De dicha agenda interna, y en correspondencia con el interés temático de esta versión de la revista Enlace Empresarial, vale la pena rescatar el turismo como sector en aras de un ejercicio reflexivo frente a la práctica social, en tanto el uso del lenguaje respecto de las limitaciones de la información supera la visibilización del interés sectorizado y desvía la atención de los resultados hacia los problemas de la implementación3. En este ejercicio, la eficacia simbólica4 neutraliza la existencia de la crítica y genera múltiples discursos para múltiples públicos, pues el contexto puede servir a una estrategia de transmisión de información que pretende la implantación de cierta idea en el auditorio para constituirla en una verdad.

Es verdad que el turismo se encuentra incorporado en la base del desarrollo local. Ésta es una máxima para los municipios colombianos en tanto se constituye en fuente de ingresos y por ende en factor importante de su sustento económico. Pero, no todos los municipios encuentran en éste un pilar de desarrollo por cuanto está lejos de consolidarse como sector (entendido éste como el conjunto de organismos con propósitos comunes que realizan acciones referidas a la gestión gubernamental) y ello, en parte, se debe a que en pos de llevar avante una actividad turística se requiere de la concurrencia multisectorial así como de agentes públicos y privados que la dinamicen.

En efecto, la actividad turística va más allá del simple recorrido por un lugar que sea considerado atractivo e implica aspectos como las agencias de viajes, los hoteles, los restaurantes, el transporte, el acompañamiento especializado, en fin, todos aquellos aspectos en cuya interdependencia se materializa el turismo. Esto indica que ha de existir un sistema vial y de comunicaciones articulado a una logística direccionada por buenas prácticas educativas, consecuentes con los intereses de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y por supuesto acordes con los estándares de competitividad, lo cual remite a la noción de intersectorialidad. Si ella es entendida desde el referente político, pueden suponerse políticas públicas que articulan estrategias generales de desarrollo, lo cual potencializa los sectores porque busca mejorar la calidad de vida de la población. Pero, también puede buscar la integración productiva de sectores –caso del privado, el social, el público, etc.– para resolver problemas sociales y con ello poder compartir los recursos propios a cada uno de ellos.

En términos de competitividad ¿cuál será el mejor camino? Esta pregunta puede no ser respondida, de manera satisfactoria, desde la identificación del turismo como sector en la línea expuesta por la Agenda Interna porque al extraer un ejemplo de las agendas regionales –para el caso se toma la de Risaralda–, se tiene: Y con ello es evidente que hay una apuesta productiva que contribuye al desarrollo económico del país, totalmente etérea y de difícil constatación que requiere de la articulación de sectores públicos y privados pero también de otros sectores identificados dentro de la misma agenda tales como salud y logística y transporte, lo cual explica la existencia de las CRC. Sin embargo, se ha dejado por fuera el sector educación, factor básico para lograr la competitividad en el sector turismo al tiempo que se transforma la visión que hasta ahora se ha tenido del desarrollo económico en tanto es factible que se logre a la par con una elevación de la calidad de vida.

Los municipios con potencialidades turísticas tienen una materia prima fundamental para el desarrollo de esta actividad: sus gentes. Los lugareños pueden y deben ser capacitados para el logro de una industria turística porque la inversión y la tecnología sin el capital humano no hacen la diferencia y prueba de ello son los grandes emporios turísticos enclavados en la pobreza de los raizales en nuestras costas. El respaldo educativo integral y específico mejora las condiciones de vida e incrementa la productividad. Visto así, se tiene que debe existir una complementariedad de lo intersectorial desde las políticas públicas y desde los intereses público-privados para obtener personas capacitadas que participen de manera activa en el turismo y a la vez generen impactos sociales y culturales positivos.

Reconociéndose que la apuesta por el desarrollo económico es un buen camino, la agenda interna para la productividad y la competitividad debe hacer mayor énfasis en el desarrollo social porque éste garantiza mejores resultados para aquel y lo pone en la línea del desarrollo sustentable ya que se obtiene otro efecto colateral: la mirada medioambiental, que se constituye en uno de los argumentos más recurrentes para los detractores del turismo por cuanto lo consideran principal elemento de afectación de la naturaleza por su práctica depredatoria.

Todo lo anterior lleva nuevamente a lo local. ¿Qué de lo consignado en las agendas de productividad y competitividad regional puede ser asumido por cada uno de los municipios?, ¿cómo están las vías de comunicación?, ¿qué se ha dejado de hacer?, ¿cómo está la infraestructura?, ¿a quién corresponde qué?, ¿cómo se han preparado para afrontar situaciones climáticas o de los avatares de la naturaleza? Dentro de las prioridades de cada uno de ellos, ¿qué lugar ocupa el turismo? Todos estos interrogantes deben ser respondidos de manera individual, dadas las particularidades de cada municipio, y no deben hacerse soportados en los buenos resultados financieros del sector privado, deben formularse sobre la base de la armonía de los intereses de todos los participantes. Las CRC deben hacer acompañamiento en cada caso y llevar el proceso hasta el final pero, la situación de emergencia climática en la que se encuentra el país muestra la debilidad generalizada de nuestros municipios y esto hace que nuevamente campeé la eficacia simbólica de los planes de largo aliento.

No se pueden negar los avances en infraestructura y ocupación hotelera, en zonas francas y por supuestos en proyecciones de visitantes extranjeros, como tampoco los recursos anunciados por el gobierno Santos pero, el turismo, puede ser uno de los elementos salvadores de la situación siempre que no siga siendo una actividad informal de sobrevivencia para la mayoría de los pobladores de nuestros municipios, en donde caben las tristemente célebres situaciones de prostitución infantil, drogas y deterioro ambiental protegidas por la improvisación. En ello, la responsabilidad social empresarial es contundente puesto quenel Estado de bienestar enunciado al principio nunca ha sido una realidad y hoy, con las restricciones que viven los Estados, producto del nuevo orden mundial, son otros los actores que deben promover el mejor estar de la humanidad, más allá de los propios intereses económicos. Debemos entonces consolidar esfuerzos público-privados que en el camino se ajusten a las realidades locales, más que a los intereses particulares,o así mismo, el turismo debe cambiar su enfoque y ser consecuente con la intersectorialidad que le acompaña, más allá de “atraer una buena parte de los mil millones de turistas que viajan actualmente”.